El gobierno federal publicó la regla final el 9 de septiembre de 2022. La regla final entra en vigor el 23 de diciembre de 2022. Por favor visite el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para información actualizada. Para preguntas sobre esta regla final y sobre la carga pública en general, hay una lista de organizaciones sin fines de lucro calificadas para ayudar a las personas visité el sitio web del Departamento de California de Servicios Sociales.
AHORA LOS INMIGRANTES PUEDEN ACCEDER A ATENCIÓN MÉDICA, ALIMENTOS Y APOYO A LA VIVIENDA, Y MUCHOS MÁS BENEFICIOS PÚBLICOS SIN TEMOR A LAS CONSECUENCIAS DE INMIGRACIÓN.
- La mayoría de los beneficios públicos están excluidos de la consideración.
La regla final de carga pública solo permite que el gobierno federal considere la recepción anterior o actual de los siguientes beneficios públicos en su revisión de carga pública:
1. Ingresos Suplementales de Seguridad (SSI);
2. Asistencia monetaria para el mantenimiento de ingresos bajo Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, llamados CalWORKs en California);
3. Programas de beneficios en efectivo estatales, tribales, territoriales o locales para el mantenimiento de ingresos (a menudo llamados “Asistencia general”); o
4. Atención institucionalizada a largo plazo a expensas del gobierno. (por ejemplo, en un asilo especializado para ancianos) - La mayoría de los inmigrantes NO TIENEN que preocuparse en absoluto por la carga pública.
La carga pública no se aplica a todas las personas. Los residentes permanentes legales (titulares de la tarjeta de inmigración) y muchos otros inmigrantes están exentos de la carga pública. Los grupos de inmigrantes exentos incluyen, pero no se limitan a, refugiados, asilados, titulares de Visas de Inmigrante Especial, aquellos que solicitan o se reinscriben para el Estatus de Protección Temporal (TPS), jóvenes inmigrantes especiales, no inmigrantes T y U (víctimas de trata de personas y otros ciertos delitos), y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, así como ciertos participantes cubanos y haitianos. Según la regla final, ciertas personas son elegibles para recibir los beneficios federales de reasentamiento de refugiados, incluidas algunas recientes personas en libertad condicional afganas y ucranianas, seguirán estando sujetas a la carga pública, pero no se considerarán los beneficios de reasentamiento que recibieron. - Los beneficios públicos utilizados por miembros de la familia NO son considerados.
Según la regla final, cuando el gobierno federal revise el uso de los beneficios públicos como parte de su determinación de carga pública, solo considerará los recibidos por la misma persona que solicita el ajuste de estatus, ya sea como solicitante directo o como beneficiario listado del beneficio. Esto significa que los miembros de su familia que accedan a programas públicos no se considerarán como parte en su determinación de carga pública. Por ejemplo, el gobierno federal no consideraría la asistencia monetaria recibida por un niño ciudadano de los EE. UU., si el padre está buscando obtener una tarjeta de inmigración a través de una petición basada en la familia.
ENTENDIENDO LA NUEVA POLÍTICA DE “CARGA PÚBLICA”.
Según una política federal antigua, el gobierno federal puede negar la entrada a los Estados Unidos a un no ciudadano, o un ajuste al estado de residente permanente legal (una tarjeta de inmigración), si se determina que es probable que se convierta en una “carga pública” (definida como alguien que depende principalmente del gobierno para su subsistencia) basándose en la totalidad de las circunstancias del individuo. Esta determinación incluye varios factores además de la recepción de beneficios públicos, tales como ingresos, edad, salud, estado familiar, educación y habilidades, estado financiero, activos y, cuando corresponda, a un documento de respaldo de un patrocinador (denominado declaración de apoyo).
La regla final de carga pública limita los tipos de beneficios públicos considerados, aliviando las barreras para que los inmigrantes con bajos ingresos obtengan tarjetas de residencia. El DHS debe considerar otros factores, como la educación, los ingresos y una declaración jurada de apoyo económico o la publicación de una fianza con el gobierno federal. Por lo tanto, el uso por parte de un inmigrante bajo cuidado institucional a largo plazo a expensas del gobierno, o la asistencia monetaria para el mantenimiento de los ingresos, no resultará automáticamente en una determinación de que es probable que el solicitante se convierta en una carga pública.
La atención médica, los alimentos y muchos otros beneficios públicos NO son consideradas para fines de carga pública.
La regla final aclara que NO se considerará el uso de la mayoría de los programas de beneficios públicos:
• CalFresh o SNAP
• Comidas escolares
• Medi-Cal o Medicaid (excepto en el caso de atención institucionalizada a largo plazo (también conocida como atención domiciliaria de enfermería especializada)
• Subsidios cubiertos de California
• Medicare
• Vacunas o pruebas/tratamiento de enfermedades transmisibles como COVID-19
• Programa de servicios de apoyo en el hogar
• Vivienda pública federal y asistencia de la Sección 8
• Programa WIC para mujeres, bebés y niños de California
• Asistencia por desastres, asistencia por pandemias, asistencia con servicios públicos, asistencia para el cuidado de niños
• Crédito Tributario por Hijos (CTC) o Crédito en los impuestos por ingreso del trabajo (EITC)
La nueva política NO cambia las reglas de elegibilidad para el programa de beneficios públicos. La nueva política no cambia si las personas pueden solicitar y recibir beneficios públicos. Para obtener más información sobre los beneficios públicos para los que puede ser elegible, visite su su oficina local de servicios o visite www.benefitscal.com.
CADA FAMILIA ES DIFERENTE, SOLICITE ASESORÍA LEGAL CALIFICADA
Es importante que las personas y familias interesadas conozcan sus derechos y se capaciten con información precisa para comprender si la regla los afecta o no. Si tiene preguntas, un abogado de inmigración o de beneficios públicos puede proporcionarle asesoramiento en función de los hechos específicos de su situación individual. Si usted u otras personas tienen preguntas sobre un caso específico, favor de hablarnos para una consulta legal gratuita a TODEC. Puede solicitar una cita en linea o por telefono durante el horario del programa: Lunes a Viernes de 9am-5pm
Telefono: (951) 943-1955
PUBLIC CHARGE UPDATES
The Federal Government has issued a final public charge rule, which limits its application and removes barriers to accessing public benefits for most immigrants. The final rule is effective December 23, 2022.
The federal government published the final rule on September 9, 2022. The final rule takes effect on December 23, 2022. Please visit the US Citizenship & Immigration Services (USCIS) website for updated information. For questions regarding this final rule and public charge more generally, a list of nonprofit organizations qualified to assist individuals is available on the California Department of Social Services website.
IMMIGRANTS CAN NOW ACCESS HEALTH CARE, FOOD AND HOUSING SUPPORT, AND MANY MORE PUBLIC BENEFITS WITHOUT FEAR OF IMMIGRATION CONSEQUENCES.
- Most public benefits are excluded from consideration.
The final public charge rule only allows the federal government to consider prior or current receipt of the following public benefits in its public charge review:
1. Supplemental Security Income (SSI);
2. Cash assistance for income maintenance under Temporary Assistance for Needy Families (TANF, called CalWORKs in California);
3. State, Tribal, territorial, or local cash benefit programs for income
maintenance (often called “General Assistance”); or
4. Long-term institutionalized care at government expense. (for example, in as killed nursing home). - Most immigrants DO NOT have to worry about public charge at all.
Public Charge does not apply to everyone. Lawful permanent residents (green card holders) and many other immigrants are exempted from public charge. Exempt immigrant groups include, but are not limited to, refugees, asylees, Special Immigrant Visa holders, those applying for or re-registering for Temporary Protected Status, special immigration juveniles, T and U nonimmigrants (victims of human trafficking and certain other crimes), and self-petitioners under the Violence Against Women Act, as well as certain, Cuban and Haitian entrants. Under the final rule, certain individuals eligible for federal refugee resettlement benefits, including some recent Afghan and Ukrainian parolees, will still be subject to public charge, but won’t have the resettlement benefits they received considered. - Public benefits used by family members are NOT considered.
Under the final rule, when the federal government reviews use of public benefits as part of its public charge determination, it will only consider those received by the person applying for the adjustment of status, either as a direct applicant or listed beneficiary of the benefit. This means that your family members accessing public programs will not be considered as part of your public charge determination. For example, the federal government would not consider cash assistance received by a U.S. citizen child, if the parent is seeking a green card through a family-based petition.
UNDERSTANDING THE NEW “PUBLIC CHARGE” POLICY.
Under longstanding federal policy, the federal government may deny a noncitizen entry into the United States, or an adjustment to lawful permanent resident status (a green card), if he or she is determined likely to become a “public charge” (defined as someone who is primarily dependent on the government for subsistence) based on the totality of the individual’s circumstances. This determination includes several factors in addition to the receipt of public benefits, such as income, age, health, family status, education and skills, financial status, assets, and, when applicable, a supporting document from a sponsor (referred to as an affidavit of support).
The final public charge rule limits the types of public benefits considered, easing the barriers for lower-income immigrants to obtain green cards. DHS must consider other factors such as education, income, and an affidavit of support or posting a bond with the federal government. Therefore, an immigrant’s use of long-term institutional care at government expense or cash assistance for income maintenance will not automatically result in a determination that the applicant is likely to become a public charge.
Healthcare, food, and many other public benefits are NOT considered for purposes of public charge.
The final rule clarifies that use of most public benefits programs will NOT be considered:
• CalFresh or SNAP
• School meals
• Medi-Cal or Medicaid (except in the case of long-term institutionalized care (also known as skilled nursing home care)
• Covered California subsidies
• Medicare
• Immunizations or testing/treatment for communicable diseases such as
COVID-19
• In-Home Supportive Services Program
• Federal Public Housing and Section 8 assistance
• California’s Women, Infant & Children’s WIC Program
• Disaster assistance, pandemic assistance, utility assistance, childcare
assistance
• Child Tax Credit (CTC) or Earned Income Tax Credit (EITC)
The new policy does NOT change eligibility rules for public benefits programs.
The new policy does not change whether individuals can apply for and receive public benefits. To learn more about what public benefits you may be eligible for visit your local services agency or go to BenefitsCal.
EVERY FAMILY IS DIFFERENT, REACH OUT FOR QUALIFIED LEGAL ADVICE.
It is important for concerned individuals and families to know their rights and empower themselves with accurate information to understand whether the rule affects them or not. If you or others have questions about a specific case, please contact TODEC for a free consultation during program hours: Monday-Friday from 9am-5pm.
Telephone: (951) 943-1955